Elementos armados de los Comandos de la Frontera del Ejército Bolivariano (CDF-EB), integrado por exmiembros de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cruzan indistintamente las fronteras de Perú y Ecuador para consumar actividades del narcotráfico a lo largo del Putumayo.
En recientes reuniones oficiales de los Comandos Conjuntos de Colombia, Ecuador y Perú, los altos mandos castrenses de cada país reportaron la creciente presencia de los violentos grupos armados que derivan de las desaparecidas FARC.
La República tuvo acceso a documentos secretos que compartieron los jefes militares en los mencionados encuentros entre 2019 y 2022, que confirman las actividades criminales de los CDF-EB, y de otra agrupación similar, el Frente Carolina Ramírez. Ambos alientan el cultivo de hoja de coca y la producción de cocaína en localidades ubicadas en el Putumayo, especialmente en zonas aledañas a la frontera con Colombia y Ecuador.
Como informó este diario, durante una incursión de dos semanas en poblaciones de los distritos de Teniente Manuel Clavero y El Estrecho, en la provincia del Putumayo (Loreto), recogió varios testimonios sobre el reclutamiento de jóvenes por parte de elementos del CDF-EB y del Frente Carolina Ramírez para que cosechen hoja de coca en plantaciones en territorio peruano. También obligan bajo amenaza a las comunidades indígenas de los Secoya a que cultiven hoja de coca.
Estas personas son víctimas del delito denominado trabajo forzoso, que implica penas de cárcel de entre 6 y 12 años de prisión.
Los informes de inteligencia de Colombia, Ecuador y Perú, a los que tuvo acceso La República, confirman grupos armados de los Comandos de la Frontera del Ejército Bolivariano (CDF-EB), penetran en territorio peruano por largas temporadas para promover el cultivo de largas extensiones de hoja de coca, así como la producción de pasta básica y cocaína, con fines de ventas a las organizaciones internacionales.
“El cultivo de coca en la frontera Perú-Colombia está identificada en las zonas del Putumayo y Bajo Amazonas, esto debido a que existe escasa población, vegetación agreste, escaso tránsito de embarcaciones y limitada presencia del Estado (lo que) contribuye a la presencia de organizaciones criminales”, señala un reporte de inteligencia que se distribuyó en la III Reunión Tripartita de Comandos Conjuntos de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Perú y el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia. El encuentro se produjo en Quito, Ecuador, entre el 29 de setiembre al 2 de octubre de 2019.
“Asimismo, en la frontera Perú-Colombia, en el Alto Putumayo, existe la presencia de residentes de las ex-FARC y del narcotráfico (cultivos ilícitos de coca y laboratorios). (…) Cabe destacar que los delincuentes narcotraficantes tienen doble nacionalidad (DNI/Cédula de Identidad Ciudadana, CIC), lo que dificulta su identificación, permitiéndoles trasgredir el control fronterizo de las Fuerzas del Orden de ambos países”.
El 29 de marzo de este año, como parte del acuerdo de intercambio de información sobre los denominados Grupos Armados Irregulares (GIA), el jefe del Comando de Inteligencia Militar Conjunto, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, general Juan C. López A., despachó a su par peruano un detallado reporte sobre la actual situación de las organizaciones criminales en el Putumayo.
El documento remitido al director de Inteligencia del Ejército, general EP Neil Guerrero Hernández, contiene una minuciosa descripción de la estructura orgánica de los CDF-EB, además de la identificación de cada uno de los cabecillas y las áreas geográficas en las que se desplazan.
En el mismo informe se indica que además de las CDF-EB, también actúan otro grupo de las disueltas FARC opuesto al acuerdo de paz con el gobierno de Colombia. Se denomina Frente Carolina Ramírez, cuyos integrantes operan en el Putumayo y también han ingresado a territorio peruano.
Los documentos indican que ambas organizaciones han tenido enfrentamientos armados por el control de zonas de cultivos de hoja de coca y de producción de cocaína.
“El área de operaciones de los Comandos de Frontera-Ejército Bolivariano está conformada por los municipios del Bajo Putumayo, dentro de los que se encuentran San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís y Puerto Leguízamo, ampliándose hacia el sur con algunas provincias del Ecuador y Perú, países con los cuales Colombia comparte una extensa frontera común. (…) La cercanía a la frontera les brinda la fortaleza para sus actividades de narcotráfico”, explica el informe.
En relación al Frente Carolina Ramírez, el documento precisa que sus actividades criminales en el Putumayo no solo están vinculadas con el narcotráfico: “Existen coordinaciones relacionadas al tráfico de pasta base de coca, clorhidrato de cocaína, extorsiones a ganaderos, comerciantes, conductores y campesinos, reclutamiento forzado de menores”.
Ante la indudable actuación de los grupos armados colombianos en territorio peruano para fomentar el narcotráfico, bajo coacción y amenazas de muerte, el Comando Operacional de la Amazonía, dependiente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, planteó la ejecución de las denominadas Operaciones Armagedón para desalojar a los elementos de los Comandos de Frontera del Ejército Bolivariano y del Frente Carolina Ramírez.
En un informe secreto del jefe del Comando Operacional de la Amazonía, general de división EP Miguel Gonzales Bojórquez, al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general FAP Igor Guzmán Sánchez, ratifica el peligro de la presencia de los colombianos: “Por información de inteligencia recibida durante la X Reunión de Mandos Regionales de Frontera Perú-Colombia (…) se tiene conocimiento del incremento de la presencia de miembros (de) (…) Grupos Armados Organizados Residuales Ex-FARC (GAOR), a lo largo de la línea de frontera común Perú-Colombia, en las provincias de Mariscal Ramón Castilla y Putumayo de la región Loreto”.
Se trata de una confirmación contundente.
“El río Putumayo es la autopista de la droga”
Enfoque por Ricardo Soberón G., director de Devida.
En el Putumayo hay un incremento en la producción de hoja de coca. No es propiamente zona de primerísima producción, pero tiene cantidades importantes en las vertientes del Putumayo y Yavarí. La dificultad para nosotros es que una operación, cualquiera que sea, en Loreto, cuesta tres veces más en presupuesto que en la selva baja. Y el presupuesto que tiene Devida para el 2023 es de 287 millones de soles. Es muy poco.
Lo que La República ha encontrado en el Putumayo no es gratuito. Nosotros, a partir de dos instrumentos, el informe mundial de drogas 2022 y el informe de monitoreo de superficie cultivada de coca de 2021 –que publicó Devida el 15 de setiembre–, llegamos a la conclusión de que es la demanda internacional de cocaína la que está destruyendo irreversiblemente la Amazonía.
Lo que sucede en el Putumayo también podría haber sido en Ucayali y en el Marañón, donde igualmente ocurre, pero no como en el Putumayo. Porque el Putumayo es la autopista fluvial la que junta al primer y segundo productor mundial (Perú y Colombia) de la materia prima y del producto final.
Entonces, el esfuerzo que pueda realizar el Estado peruano gastando un aproximado de 72 millones de dólares anuales, más otros 50 millones de dólares que nos da la cooperación internacional, no arañamos siquiera las causas estructurales que están generando esta sucesión de hechos que evidencia.
“No hay control territorial en el putumayo”
Enfoque por Ricardo Valdés C., director CHS Alternativo
La situación de trabajo forzoso es poco conocida para los operadores de justicia. Y eso se ve expresado en tanto que, pese a que es un delito tipificado en el Código Penal en 2017 y desde 2021 está entre los delitos contra la dignidad, apenas el Ministerio Público ha reportado entre el 2017 al 2020 solo 28 denuncias y 46 víctimas. Es poquísimo. Y en el caso del Ministerio del Interior, en los últimos cuatro años ha contabilizado solo 25 denuncias. Y en el caso de la Sunafil, que realiza la fiscalización laboral, hay 10 casos en 15 regiones.
En cambio, si yo voy a las estadísticas nuestras, que hicimos con el IEP, indican claramente que el trabajo forzoso es desconocido para más de la mitad de la población peruana.
Lo que ha encontrado el equipo de La República en el Putumayo ratifica lo que he mencionado, que hay abuso de vulnerabilidad, engaño, aislamiento, intimidación, amenaza, retención de documento, todos los indicadores que están en la OIT.
Demuestra que en lugares donde no hay control territorial por parte de la autoridad, ese control territorial es asumido por la criminalidad organizada o por las economías criminales. En el caso del Putumayo, estamos hablando de narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal y, además, del ingreso por falta de control territorial, de exmiembros de las FARC que cruzan la frontera.
Documentado
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas recibió información secreta de sus pares de Colombia sobre la actuación de grupos ex-FARC en la región peruana del Putumayo.
