La parlamentaria Norma Yarrow (Avanza País) presentó el pasado 21 de octubre un proyecto de ley que, según los urbanistas Aldo Facho y Lady Torrejón afecta y va contra el espíritu de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, en perjuicio de la ciudadanía.
En el proyecto número 3393, Norma Yarrow propone la modificación de más de una veintena de artículos de la mencionada norma (ley 31313). Si bien son varios los cambios, hay algunos que se advierten como los más perjudiciales.
Contra la participación
La actual ley, en su artículo 11, establece que la participación ciudadana efectiva “es una condición de los procesos de toma de decisión”, en los planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano. En su propuesta, Norma Yarrow mutila el extremo sobre la toma de decisiones.
El especialista en desarrollo urbano Aldo Facho cuestiona que se pretenda relegar la participación activa de la ciudadanía en estos procesos.
“La elaboración de los planes urbano-territoriales deben ser coproducidos entre los profesionales planificadores y la ciudadanía, porque estos deben ser pensados por y para el beneficio colectivo, pero en el proyecto de ley se relega la participación activa”, advierte, por su parte, Lady Torrejón, quien además destaca que los profesionales urbanistas de América Latina desarrollan estos procesos con participación de la población.
Municipios limitados
Por otro lado, la ley 31313, en su artículo 53, fija cinco tipos de “instrumentos de financiamiento urbano”. Se trata de mecanismos que permitirían a los municipios generar más recursos desde la gestión del desarrollo urbano.
Un instrumento que ya está regulado apunta al “aprovechamiento del incremento del valor del suelo”. Aldo Facho pone como ejemplo un terreno sin pistas ni saneamiento y el municipio invierte en obras de servicios básicos. Esto conlleva a que el terreno se valoriza aún más, sin que el dueño haya intervenido.
La ley actual permitiría que los municipios puedan hacer una tasación antes de ejecutar la obra y luego podrían generar recursos para ejecutar más obras, cobrando un monto a estos propietarios de terrenos que terminaron valorizándose. El cobro se haría únicamente cuando el dueño ha materializado ese incremento de ingresos, como ocurre con la compraventa de terrenos.
Norma Yarrow, en su proyecto de ley, anula dicha opción, situación que afectaría a los municipios y ya no podrían tener más ingresos para ejecutar más obras.
“(El proyecto) elimina ese incremento extraordinario del valor del suelo, producto de la acción directa y medible de la municipalidad, por obra pública o por cambio de zonificación”, explica Aldo Facho.
“Si construyen una carretera o un parque cerca de tu casa, el valor del predio aumenta con dinero que el estado está invirtiendo en infraestructura pública. El proyecto de ley ahora restringe que las municipalidades puedan generar más recursos. Lo elimina por completo, cuando esto es un avance en el derecho urbanístico en nuestro país”, sostiene la urbanista Lady Torrejón.
Las viviendas de interés social
En su proyecto, Norma Yarrow también plantea fijar barreras con relación a los proyectos de las viviendas sociales. Hoy la norma (artículo 40.2) precisa que los planes de desarrollo urbano “no podrán definir parámetros que restringen el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social”.
La legisladora propone fijar una barrera. Es decir, que los municipios sí puedan “promover parámetros”. Lady Torrejón alerta que esto puede limitar los proyectos de viviendas sociales solo para determinados distritos.
“El proyecto de ley se presta a limitar que se puedan realizar proyectos de vivienda de interés social en determinadas zonas de la ciudad, cuando se debería pensar en todas las partes y con cercanía a distintos tipos de servicios. También, se sigue pensando bajo la misma lógica de bonos habitacionales para vivienda nueva, limitando el avance a atender el gran problema habitacional que es la vivienda existente”, explica.
Retroceso
Tanto Lady Torrejón como Aldo Facho advierten que el proyecto de Norma Yarrow prácticamente le quita el espíritu a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que todavía está en proceso de implementación.
“El espíritu de la ley original es atender la problemática de las ciudades, pero el proyecto, al parecer, busca favorecer los intereses de las inmobiliarias”, advierte la urbanista Lady Torrejón.
“Estos cambios consolidan la situación actual que genera mayor segregación a la ciudad, consolida las diferencias y beneficia a quienes ya vienen lucrando con los cambios de zonificación y el crecimiento del área urbana, cargándole a la ciudad todos los costos que eso implica y beneficiándose de la plusvalía”, apunta, por su parte, Aldo Facho.
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