El Congreso de Perú archiva el proyecto de ley que despenalizaría el aborto en casos de violación

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) –

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Perú ha archivado este miércoles el proyecto de ley que despenalizaría el aborto en casos de violación sexual.

Con 12 votos en contra, solamente un voto a favor y cuatro abstenciones, la comisión ha rechazado el proyecto de ley presentado por la diputada Ruth Luque del partido Juntos por el Perú.

El presidente del grupo de trabajo, Américo Gonza Castillo, del partido Perú Libre, ha indicado durante el debate que el comité solicitó la opinión de la Conferencia Episcopal peruana, pero que no han obtenido réplica alguna por su parte, recoge el periódico ‘La República’.

En respuesta, la diputada Luque ha afirmado que no hay que pedir opinión a la Iglesia para legislar. «Quien define las políticas públicas es el Estado, somos un Estado laico y eso no ha cambiado», ha remachado.

El texto planteaba incorporar al Código Penal peruano el texto en el que se precisa que «no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal cuando el embarazo sea producto de una violación sexual».

En esta línea, la legisladora había solicitad el cambio en el artículo del Código Penal que señalaba las penas por realizar abortos en caso de violaciones.

La diputada, tras conocer el rechazo a su proyecto de ley, ha asegurado que las luchas de las mujeres persistirán y el machismo quedará solo como «un mal recuerdo», según ha publicado en su perfil de la red social Twitter.

Así, ha asegurado que no permitirán que ningún hombre se atribuya el derecho de imponer sus creencias ideológicas sobre los derechos de las mujeres, en respuesta a las palabras del tercer vicepresidente del Congreso peruano, Alejandro Muñante, que se ha manifestado en contra del proyecto, al considerar que «detrás de la despenalización, está su legalización sin ninguna causa».

La diputada explicó previamente que esta normativa reconocería el derecho de las niñas, adolescentes y mujeres para tener una vida libre de violencia y prevenir a la víctima de «una maternidad impuesta o forzada».