El empresario Fernando Camet Piccone, quien en su momento se desempeñó como gerente general de la empresa JJC Contratistas Generales S.A., fue detenido este lunes 15 de mayo en Madrid, España. El acusado en el caso IIRSA, relacionado con el Club de la Construcción durante el Gobierno de Ollanta Humana, tiene un pedido de prisión preventiva por 24 meses que fue determinado el año pasado. Camet Piconne es investigado por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos.
Según el oficio del Ministerio del Interior al que La República tuvo acceso, se ha procedido con la alerta de «detención del ciudadano peruano Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, en la ciudad de Madrid – España». Esta comunicación fue presentada el último 11 de mayo a la Dirección de Asuntos Internacionales de la PNP.
En el documento, se precisó al juez Richard Concepción Carhuancho, quien dictaminó la prisión preventiva contra Camet Piccone, que se detuvo al exempresario prófugo «por encontrarse con notificación roja, con n.° de control: A3862/5-2023», la cual fue solicitada por el despacho del magistrado por el presunto delito de colusión y lavado de activos.
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Se prepara extradición de implicado en el caso del Club de la Construcción
La misiva cursada al juez Richard Concepción Carhuancho informó que Fernando Camet Piccone «ya se encuentra puesto a disposición de la autoridad judicial competente de ese país (España) para las diligencias de ley, por lo que se espera la remisión de la documentación para solicitar el formal pedido de extradición por la vía diplomática de acuerdo a la legislación vigente y eltratado entre ambos países».
En consecuencia, Camet se enfrentará a un proceso de extradición para regresar al territorio peruano lo más pronto posible a fin de continuar con las investigaciones sobre el caso del Club de la Construcción, en el que empresas constructoras —como JJC Constructores y Provías— realizaron una serie de transferencias que habría beneficiado al expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia.
En este caso, que data del 2011, están implicados también funcionarios del MTC y Provías Nacional.
