Como parte del proceso de investigación que involucran a dos de los sobrinos del presidente de la República, Pedro Castillo, hace algunas horas el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder solicitó al Poder Judicial dictar el mandato de comparecencia simple.
Del mismo modo, la fiscal provincial Kelinda Janampa Oscátegui, demandó dicha medida para el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco y el alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía, José Medina Guerrero.
Sin embargo, de acuerdo a información oficial, se conoció que otras nueve personas, que están implicadas en este caso, también recibirían las mismas sanciones expuestas para los familiares del mandatario peruano.
Este pedido que se concretó el domingo 24 de octubre del presente año por el Ministerio Público será evaluado próximamente por el juez Víctor Zúñiga Urday, con el objetivo de definir la situación legal de todas estas personas.
Como se recuerda, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, son parte de la investigación preparatoria relacionada con el caso “asesores en la sombra” y actualmente, el primero de ellos se encuentra en calidad de no habido al existir un mandato de prisión preventiva de tres años en su contra.
Mientras tanto, el segundo sobrino del jefe de Estado, hasta la fecha, está bajo mandato de comparecencia con restricciones. Ambos personajes, y familiares de la familia presidencial, son investigados por el caso Provías Descentralizado – Puente Tarata, lo cual se convirtió en un escándalo mediático a nivel nacional e internacional.
Sobre el caso de Bruno Pacheco, uno de los hombres de confianza del presidente de la República, Pedro Castillo, cuando inició su mandato, se conoce que está sometido al mecanismo de la colaboración eficaz . Mientras tanto, José Medina, se encuentra cumpliendo su periodo de prisión preventiva impuesto por 30 meses por el caso Anguía.
Es preciso recordar, que el pasado viernes 21 de octubre, la fiscal Kelinda Janampa envió una solicitud al Poder Judicial sobre la prisión preventiva por 36 meses para el empresario Segundo Alejandro Sánchez.
La misma medida, Janampa pidió para los exfuncionarios Salatiel Marrufo Alcántara, Jenin Abel Cabrera Fernández y Biberto Castillo León, quienes son acusados por los presuntos delitos de organización criminal , colusión y tráfico de influencias en el caso “Gabinetes en la sombra”.
Por otro lado, la fiscal precisó que requiere que se imponga mandato de comparecencia con restricciones para el exsubsecretario del Despacho Presidencial, Beder Camacho Gadea, así como para los exfuncionarios del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, Auner Augusto Vásquez Cabrera y Éder Vitón Burga.
Dentro de su solicitud, incluye el nombre del empresario Henry Shimabukuro, entre otros personajes involucrados en esta polémica investigación que continúa con su proceso.
El 12 de octubre del presente año, se dio a conocer un informe de la Policía Nacional del Perú, donde se revelaba una nueva acusación contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Esta vez se habla de los “asesores en la sombra”, quienes habrían financiado la campaña política del mandatario peruano con cuantiosas sumas de dinero.
Según la PNP, este grupo de “benefactores” se habría formado después de que Castillo Terrones asegure su pase a la segunda vuelta de la jornada electoral presidencial de 2021. “El objetivo era que desde la clandestinidad un grupo periférico de personas allegadas a este, le permita llegar al más alto [cargo del] poder político”, señalaron en su informe las autoridades policiales.
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