En los siguientes días arribará a Perú un grupo de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en concordancia con la Carta Democrática Interamericana, para hacer un análisis de la crisis política que atraviesa el Perú.
En diálogo con La República, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola, consideró que el arribo de los representantes de la OEA cambiará las cosas y será un búmeran para Pedro Castillo una vez que tomen conocimiento de los presuntos actos de corrupción por los cuales se acusa al mandatario.
“Castillo, muy mal aconsejado, ha presionado un botón que ha activado, para mí, un búmeran. (Todo va a cambiar) cuando vengan los observadores y tomen contacto con quienes no han tomado contacto hasta ahora. El único contacto ha sido con el señor Almagro. Él ha llevado una información totalmente ajena a lo que pasa en el país. (…) Y se le va a voltear la torta al señor Castillo. Ha apretado un botón que lo va a catapultar a la cárcel, porque la OEA va a decir que en el Perú están funcionando las instituciones democráticas”, dijo.
El constitucionalista consideró que la OEA se ha excedido al apoyar a Pedro Castillo luego de que este activara la Carta Democrática a fin de preservar la institucionalidad.
“La OEA, en lo que se ha excedido es en solidarizarse con el Gobierno de Castillo admitiendo que es la víctima cuando en realidad es el victimario. Lo único que ha debido hacer es enviar la comisión observadora para que constate en el terreno todas las mentiras que ha dicho Castillo. Ahora, los peruanos tenemos que admitir que esa comisión tenga que venir para tomar contacto con todos los organismos constitucionales que existen en el Perú”, precisó.
Urviola consideró que la información que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, proporcionó al Congreso podría ser aprovechada para una vacancia porque existe importante información sobre la conducta del mandatario que bien podría ser calificada como motivo de permanente incapacidad moral o causal para suspenderlo en funciones.
“Esto lo tendrá que decidir el Congreso. El Congreso (debe decidir) si la pretensión de la fiscal de la Nación es posible o no. Pero, que es un documento válido en ejercicio de una función de investigación, que le corresponde a la fiscal de la Nación, yo estoy de acuerdo con ello”, finalizó.
