Por: Efraín Rodríguez Valdivia, especial para La República desde París
La versión preliminar de un informe elaborado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra (Suiza) condensa una serie de recomendaciones sobre la situación del Perú. Veintiséis países expresan su inquietud por el uso de la violencia del Estado peruano en las protestas de diciembre y enero.
A pesar de que cada recomendación se hace en función a la política exterior de cada país, más de una veintena coinciden en el uso de la fuerza o hacen referencia a sus duras consecuencias, en esta versión previa de la Evaluación Periódica Universal (EPU) de los derechos humanos en el Perú. Bélgica, Dinamarca, Estonia, Alemania, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Brasil, Argentina y otros países subrayaron la represión que provocó 49 fallecidos.
Además, otros, como Colombia y Chile, recomendaron garantizar el trabajo del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, así como respetar la independencia de los órganos electorales. Estas posiciones fueron manifestadas en enero pasado en la sesión de la EPU para el Perú. Según sus funciones, el Consejo de DDHH de la ONU organiza la EPU, una revisión periódica de la situación de los derechos humanos de un determinado país a evaluar y de las políticas implementadas. Es un examen entre los Estados, entre pares, en el seno del consejo. Allí el país citado primero prepara, con un año de anticipación, un informe de su política de derechos.
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Además, la sociedad civil envía informes sobre los derechos al consejo. Y finalmente un comité elabora un documento con esta información y la distribuye entre los países examinadores, quienes empiezan a recabar información para preparar sus recomendaciones para la sesión de la EPU. El Perú estaba citado, hace un año, para presentar en enero de 2023 sus avances en políticas de derechos humanos (derechos, violencia contra la mujer, medio ambiente, etc.). Y el exministro de Justicia José Tello Alfaro fue el encargado de representar a Perú en la presentación.
Paradojas
Sin embargo, hubo una coincidencia de tiempos entre las manifestaciones y la evaluación. Mientras en Perú, el Estado ejercía una fuerte represión para contener las protestas sociales que pedían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el exministro detallaba las políticas peruanas sobre DDHH ante el consejo. Este suceso los empujó a ajustar las recomendaciones. Allí veintiséis naciones observaron el uso y abuso de la fuerza policial y militar. Hoy sus recomendaciones están en las conclusiones del documento de la EPU de Perú al que tuvo acceso La República. El documento final será publicado el 25 de mayo.
En la conclusión 111.38, Estonia recomienda al Perú “garantizar que se investiguen las denuncias de violaciones de derechos humanos que se produzcan durante las protestas y que todos los sospechosos de responsabilidad penal sean llevados ante la justicia en juicios justos”. En la 111.44 Italia sugiere “garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y brindar asistencia adecuada a las víctimas de la violencia y los abusos”. Bélgica va más allá y señala, en el punto 111.45, “identificar, enjuiciar y castigar a los responsables, incluida la cadena de mando de las fuerzas de seguridad hasta el más alto nivel”.
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Durante la EPU de Perú en enero, Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, estuvo presente en Ginebra para hablar del trabajo del ente electoral. En ese sentido, Colombia, Chile, Costa Rica y Luxemburgo recomendaron al Perú, en el punto 111.9, 111.52 y 111.56 del informe, redoblar esfuerzos para mantener la independencia de los órganos electorales, así como garantizar la labor de Salas Arenas y continuar el despliegue de misiones de observadores electorales de la OEA y la Unión Europea en los futuros comicios. Argentina y Brasil coinciden en la posición de garantizar el derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión, entre la conclusión 111.57 y 111.59.
Se debe llegar a la verdad
Enfoque. Úrsula Indacochea, directora de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso
La necesidad de garantizar una investigación adecuada de las violaciones de derechos humanos producidas durante las protestas sociales en Perú ya es una posición compartida por la comunidad internacional. Cinco organizaciones internacionales le hemos pedido a la presidenta Dina Boluarte la creación de un Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que acompañe las investigaciones nacionales. También lo ha hecho la propia CIDH. El Gobierno no ha mostrado interés en esta propuesta. Debería considerarla porque mostraría un compromiso para que estos actos no queden impunes.
Informe previo de la ONU
