El juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, tiene previsto evaluar este sábado por la mañana el pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder de 36 meses de prisión preventiva para el empresario prófugo Alejandro Sánchez Sánchez (amigo del presidente Pedro Castillo Terrones y dueño de la casa del pasaje Sarratea, en Breña), Salatiel Marrufo Alcántara [exasesor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)], Biberto Castillo León (ex asesor presidencial) y el empresario Abel Cabrera Fernández.
Los cuatro son investigados como parte de los denominados asesores en la sombra, uno de los brazos operativos de la presunta red criminal que actuaría desde el Ejecutivo.
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Según pudo conocer El Comercio, la medida se solicitó al considerar que la presunta organización criminal, que encabezaría el presidente Castillo, aún estaría activa y podría buscar que los investigados puedan eludir la justicia, ya que contarían con el aparato logístico para ello.
En tanto, se solicitó comparecencia con restricciones para Beder Camacho Gadea (exsubsecretario del despacho presidencial), Henry Shimabukuru Guevara (asesor presidencial), Auner Vásquez Cabrera (ex jefe del gabinete técnico presidencial) y Eder Vitón Burga (ex-asesor del gabinete técnico) y otras personas.
El requerimiento se presentó ante el Poder Judicial tras formalizar la investigación preparatoria por 36 meses contra 20 personas en este caso, incluyendo a aquellos para los que se ha pedido diversas medidas restrictivas. Todos son investigados por presuntos delitos como organización criminal, colusión, tráfico de influencias, encubrimiento personal y real.
Marrufo Alcántara, Cabrera Fernández, Vásquez Cabrera, Castillo León y Vitón Burga se encuentran bajo mandato de detención preliminar desde el pasado 11 de octubre tras su captura en un operativo conjunto entre la fiscalía y el equipo especial de la Policía Nacional.
Pieza fundamental
Entre los elementos presentados por el Ministerio Público figuran más declaraciones del colaborador eficaz CE-03-2022, quien ha señalado a la fiscalía que el prófugo Alejandro Sánchez habría comprado un predio y sería el “testaferro” del presidente Castillo. En su declaración indicó que entregaría “imágenes para mayor ilustración” de un lote o una vivienda al sur de Lima y una casa en Cajamarca.
“Tengo conocimiento que habría comprado un terreno o casa en el sur chico, donde él [Alejandro Sánchez] sería el testaferro, porque esa casa sería del presidente Pedro Castillo, además sería el encargado de dirigir la construcción de una casa de campo en la provincia de Chota (Cajamarca), que también es del presidente”, dijo el colaborador. Se ha presentado el registro de llamadas entre Sánchez con los asesores Marrufo y Cabrera. También con el sobrino del presidente Fray Vásquez y el exministro Geiner Alvarado .
Otros testigos, como el alcalde de Jaén, José Delgado, confirman una reunión con Marrufo y Cabrera el 24 de agosto del 2021 para analizar sus proyectos a fin de ser incluidos en el Decreto de Urgencia 102-2021.
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Según la fiscalía, el presidente, a través de sus operadores, habría buscado apoyo en el Congreso en los parlamentarios denominados ‘Los Niños’, quienes votaron a favor de Castillo presuntamente a cambio de puestos en diversos sectores y ministerios. Entre estos operadores estaría Biberto Castillo, cuyo registro de llamadas presentado por la fiscalía muestra comunicaciones con los congresistas Enrique Wong (Podemos Perú), Luis Picón (Alianza para el Progreso), Alfredo Pariona (Perú Libre), Guido Bellido (Perú Libre) y Óscar Zea (Bloque Magisterial). También con el exministro de Defensa Walter Ayala, Grover Mamani, quien es señalado como un operador de la campaña de Castillo; y con el coronel del Ejército Ciro Bocanegra Loayza, por quien el presidente habría intercedido ante los altos mandos de las Fuerzas Armadas para su ascenso.
Además, se presentó un documento deslacrado esta semana que contiene inscripciones impresas sobre el escalafón de los oficiales del alto mando del Ejército, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea. También, otro documento hallado en la casa de Sarratea con un planeamiento sobre el viaje del presidente Castillo a Estados Unidos en el 2021.
La fiscalía sostiene que la presunta organización criminal habría operado, como en su momento lo hizo el régimen fujimontesinista, para “desaparecer evidencias de los delitos que vendrían perpetrando”.
