Especialistas como Walter Albán, Francisco Eguiguren y Óscar Vidarte sostuvieron que la visita de una comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no solo quedaría en un informe sobre el diagnóstico de la democracia en el país, sino que podría también significar la recomendación de un proceso de diálogo para salir de la crisis institucional que atraviesa el país.
Para el ex representante permanente del Perú ante la OEA Walter Albán, por el momento habrá una exhortación a respetar la democracia por parte de los principales actores como son el Legislativo y el Ejecutivo, así como generará la atención posterior de la comunidad internacional sobre la situación institucional de nuestro país.
“Una mesa de diálogo no se puede descartar, pero se debe tener claro que la OEA no puede tomar medidas y forzar al país, tiene que encontrar que los actores estén de acuerdo. Entonces, si la OEA propone y el gobierno y la oposición acceden a establecer una mesa de diálogo, se puede hacer, y la OEA puede autoproponerse para conducirla, como ocurrió en el gobierno de Fujimori”, indicó.
Agregó que la OEA debe comprobar que la institucionalidad se respeta poco en el país. Por eso, cuestionó que el Congreso haya interpuesto una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Poder Judicial para que no controlen sus decisiones, como en el caso de la elección de defensor del pueblo. Además, que en esa misma demanda pretenda que el TC interprete la Constitución y los autorice a ellos a no aplicar el artículo 117.
“Todo eso, a mi juicio, es totalmente irregular, contrario a la Constitución”, señaló.
Diálogo fructífero
Francisco Eguiguren, excomisionado y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, consideró que a partir de la observación de la comisión de la OEA se puede arribar a áreas críticas sobre las cuales un diálogo podría conducir algún tipo de acuerdos básicos.
“Ellos (la OEA) no pueden imponer ni decir lo que los órganos políticos tienen que hacer, sí pueden recomendar un camino como punto de partida para un diálogo que resulte satisfactorio para el país, más que para la postura de cada uno (Ejecutivo y Legislativo). Sí se podría, en ese diálogo, plantear asuntos que sean urgentes”, dijo.
En ese sentido, explicó que la OEA puede facilitar ese diálogo como un mediador y garante del proceso. “El contenido lo tienen que encontrar los actores políticos, no la OEA; quienes tienen que encontrar las soluciones somos los peruanos. Ese es el escenario ideal”, estimó.
En esa medida, señaló que existe una serie de reformas constitucionales que hasta el momento están pendientes como definir en qué casos se puede vacar a un presidente por incapacidad moral, sobre qué aspectos se puede hacer cuestión de confianza o en qué casos el gobierno puede disolver el Congreso.
“Otra posibilidad es que se diga que esta relación está tan viciada, hay tanta desconfianza, que lo mejor es convocar a elecciones generales y se recorten los mandatos del presidente y del Congreso”, consideró.
Informe severo
Para el internacionalista Óscar Vidarte, la OEA podría recomendar el desarrollo de canales de diálogo entre el oficialismo, la oposición y otros actores. “Estos canales de diálogo se pueden materializar como fue en el 2000, a través de una mesa de dialogo. Es una opción”, anotó.
“Una mesa de diálogo puede ayudar a la salida política que permita, por ejemplo, hablar de nuevas elecciones generales entre las partes involucradas, bajo nuevas reglas de juego. Sin que esto implique una interferencia de la OEA. La OEA no se va a meter en los cánones jurídicos, en los procesos judiciales”, anotó.
Vidarte cree que el reporte de la OEA será muy severo. “Cualquier informe de la situación de la democracia en el Perú, con todos los actores, será un informe muy duro contra la democracia en el Perú. La oposición en el Congreso no actúa muy democráticamente hace tiempo, pero especialmente este último año; y que el gobierno no ha mostrado mucha transparencia en el comportamiento del presidente y su entorno inmediato que afecta el estado de derecho”, reflexionó.
Se debe hablar de obstrucción a la justicia
Para Walter Albán, la OEA debería empezar escuchando al procurador general de la República, Daniel Soria, quien fue objeto de un atropello inconstitucional.
“Él ha debido ser repuesto con un proceso largo de amparo que le ordena al Poder Ejecutivo que lo reponga”, dijo.
Albán agregó además que se ha descabezado a la Policía Nacional del Perú (PNP), nombrando como ministro del Interior a Willy Huerta para neutralizar el trabajo del equipo especial de la Policía Nacional.
