Alejandra Ramos
(CNN Español) — La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú admitió este miércoles por 13 votos a favor y ocho en contra la denuncia constitucional que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le presentó el 11 de octubre para suspender de sus funciones al presidente, Pedro Castillo, a través del antejuicio político.
La denuncia constitucional da inicio a una acusación, mecanismo a través del cual se lleva a cabo el juicio o el antejuicio político. Este proceso permitiría levantar al mandatario la inmunidad que lo protege, según el artículo 117 de la Constitución.
Benavides es la primera fiscal de la Nación de Perú que presenta una denuncia constitucional contra un presidente en funciones. En este caso, lo acusa por los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión, que supuestamente fueron cometidos por el mandatario en los casos conocidos como Ministerio de Transportes y Comunicaciones o Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Estos son tres de los seis casos por los que Castillo es investigado por la Fiscalía desde principios de año, y que lo convirtieron en el primer presidente en funciones investigado en la historia del país.
Pedro Castillo denuncia “golpe de Estado” luego de ser denunciado por la fiscal de la Nación ante el Congreso de Perú
La denuncia admitida a trámite también incluye a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, quienes, según la hipótesis de la Fiscalía, serían parte de una presunta organización criminal liderada por el mandatario. Silva, quien es investigado y tiene una orden de detención en su contra, está prófugo. Mientras que Alvarado, también investigado, ha asistido a las citaciones fiscales y ha negado las acusaciones en su contra.
La subcomisión realizará las investigaciones que correspondan para emitir un informe final que, de ser aprobado, pasará a la Comisión Permanente y posteriormente al pleno del Congreso.
La fiscal de la Nación dijo en un mensaje luego de presentar la denuncia ante el parlamento que era “responsabilidad exclusiva y excluyente” del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
El 11 de octubre, cuando la denuncia fue presentada ante el Congreso, Castillo dijo en conferencia con prensa extranjera en el Palacio de Gobierno que se había iniciado una “nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú”, utilizando al “Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una red criminal, lo cual rechazo rotundamente”.
La defensa del presidente Castillo ha solicitado la nulidad de la investigación de la Fiscalía, y para ello argumenta la transgresión al artículo 117 de la Constitución. La Corte Suprema de Justicia de Perú aún no se ha pronunciado sobre este asunto.
Diversos abogados constitucionalistas, como Aníbal Quiroga, sostienen que si bien el presidente está protegido por el artículo 117 de la Constitución, que impide acusarlo salvo por cuatro delitos, entre los cuales no está el de corrupción, ello no debiera permitir que Castillo “se escude detrás de él”, pues es “una protección a la investidura presidencial, pero no un parapeto para evitar graves acusaciones sobre delitos comprobados”.
Otro mecanismo constitucional para apartar al presidente del poder es la vacancia, aunque el pleno del Congreso ya ha rechazado dos veces esas propuestas por no alcanzar el mínimo de votos requeridos.
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